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0. Nuestro compromiso

Introducción

Nos encontramos ante una encrucijada histórica: avanzar en derechos y libertades para nuestro pueblo y la mayoría social, o retroceder hacia los recortes, la negación y la imposición. Una encrucijada entre democracia y autoritarismo. Entre avance y retroceso.

Frente a ello, vascos y vascas debemos ser el muro de contención frente a la involución, pero también el motor para los avances. Ese es nuestro compromiso, frenar al bloque reaccionario, y avanzar en derechos y libertades. Y sí, este es el programa para lograr ese objetivo, el de avanzar y lograr nuevas conquistas que mejoren la vida de los vascos y las vascas.

Son muchos los logros y avances que hemos conseguido para la ciudadanía vasca estos últimos años en Madrid. Hemos aumentado las pensiones mínimas de viudedad y no contributivas; hemos aprobado nuevas medidas en materia de Vivienda y también los decretos de emergencia junto al escudo social; hemos aumentado el impuesto a la banca y las grandes fortunas logrando la gestión propia para nuestras haciendas forales; hemos avanzado en la recuperación de nuestra memoria histórica convirtiendo en lugares de Memoria el palacio de La Cumbre y el fuerte de San Cristóbal o impulsando el Memorial del 3 de Marzo; hemos reforzado el respeto hacia el euskera y hemos logrado nuevas competencias y herramientas para nuestro pais; y también hemos logrado más de 200 millones de euros en inversiones en nuestros pueblos y ciudades para la mejora de los transportes, proyectos culturales, transición ecológica, accesibilidad, cuidados, educación o infraestructuras. Y hemos hecho todo ello, además de apoyar con nuestros votos todos los avances sociales y de justicia social que se han producido los últimos años. Dijimos que lo haríamos, y lo hemos hecho.

Lo hemos hecho además con responsabilidad, con altura de miras y sin perder nunca nuestros valores y principios Hemos empujado para que cada nueva medida, cada nueva decisión, cada nuevo avance, haya sido más profundo, más ambicioso, haya llegado más allá. Hemos sido y seremos garantía de trabajo, capacidad y honestidad.

Este es nuestro compromiso con la sociedad vasca, seguir trabajando de manera seria y rigurosa para lograr mucho más, para ofrecer mucho más a nuestro país y nuestra gente. Estamos preparados y preparadas para dar lo mejor de nosotras una vez más.

Por eso, este programa recoge las principales líneas de actuación que llevaremos a cabo en el Congreso y en el Senado durante la próxima legislatura con el objetivo de ofrecer soluciones a los problemas y anhelos de las y los vascos. Un trabajo que, con la fuerza de la ciudadanía vasca, volverá a dar frutos.

1. Derechos y libertades

1.1. Vivienda

Que toda persona pueda contar con una vivienda digna y asequible es un derecho básico que se debe garantizar. Para ello, es necesario romper con las reglas actuales y cambiar de raíz el mercado de la vivienda, convertido hoy en un negocio basado en la especulación y el rentismo. Por eso se deberán tomar medidas que ofrezcan seguridad, estabilidad y garantías de acceso para toda persona que necesite un hogar, interviniendo el mercado y regulando el uso de los alojamientos, acabando con la especulación, impidiendo los desahucios, estableciendo regulaciones de los precios y aportando seguridad mediante contratos duraderos y prorrogables automáticamente. Todo ello con el objetivo de asegurar la función social de la vivienda. Para ello:

  • Establecer contratos de arrendamiento ordinarios con prórroga automática como mecanismo para ofrecer estabilidad y seguridad a inquilinas e inquilinos y también a pequeños propietarios.
  • Establecer de manera estructural y permanente la prohibición de desahucios para personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional, acompañado del mecanismo de compensación con financiación estatal.
  • Un mecanismo especial de financiación estatal dirigido a ayuntamientos que hayan aplicado y declarado zonas tensionadas, para impulsar el desarrollo de los planes de vivienda locales asociados a la declaración y regulación del alquiler.
  • Presentaremos de nuevo la Proposición de Ley para prohibir la publicidad y contratación de pisos turísticos ilegales por parte de las plataformas digitales, tomada en consideración por el pleno, pero bloqueada en su tramitación.
  • Prohibición de la compra especulativa de viviendas por parte de entidades jurídicas con ánimo de lucro, fondos de inversión y persona gran tenedora física o jurídica.
  • Condicionar la compra de vivienda por parte de extranjeros multipropietarios a la inscripción en el padrón municipal durante al menos los 2 años previos a la compra de vivienda. El inmueble adquirido deberá dedicarse a vivienda habitual y efectiva del propietario o a alquiler regulado bajo los índices de precios de referencia.
  • La compra de edificios completos de inmuebles quedará condicionada a que su finalidad/destino sea el de alquiler regulado en función de los índices de precios, quedando prohibida la compra con finalidad turística o especulativa.
  • Establecer de manera estructural el máximo de 2% de actualización anual de renta en los contratos de arrendamiento, siempre que el IPC interanual a fecha de actualización supere este porcentaje.
  • Eliminar cualquier deducción fiscal cuando se produzca incremento de renta sobre el anterior contrato o sobre el índice de precios de referencia.
  • Establecer un IVA del 21% para alojamientos turísticos de corta duración.
  • Eliminar las SOCIMIs como figura promotora de vivienda, acabando así con las ventajas y privilegios fiscales de las que gozan, la concentración de capital especulativo en el parque residencial que promueven y el impacto en el alza de precios del mercado que generan.
1.2. Empleo

Lograr salarios dignos y suficientes, condiciones laborales justas y defender los derechos de la mayoría trabajadora serán los objetivos a lograr en el ámbito laboral. Condiciones mínimas para que los y las trabajadoras cuenten con medios materiales para una vida digna. Por eso, propondremos:

  • Reducción de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales o la jornada de 4 días sin reducción salarial. Con el objetivo de posibilitar la correcta adaptación de las micro, pequeñas y medianas empresas, para estas empresas se establecerá una reducción inicial hasta las 35 horas semanales, con una senda progresiva durante el plazo máximo de 3 años hasta alcanzar el objetivo. La reducción se establecerá mediante reforma de Ley del Estatuto de los Trabajadores.
  • Establecer la adaptación a la realidad socioeconómica mediante un SMI propio, que permita alcanzar valores de suficiencia, evitando la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más dependientes del Salario Mínimo Interprofesional como jóvenes, mujeres y sectores vulnerables. Para ello:
    • Modificación del Estatuto de los Trabajadores para que las CCAA puedan establecer su propio SMI en atención a la realidad socioeconómica constituyendo el SMI fijado por el estado el mínimo legal indisponible.
    • Establecer por ley, como parámetro de suficiencia para el establecimiento de las cuantías, la referencia que establece la Carta Social Europea.
    • Adoptar las medidas que impidan a las empresas la absorción de los aumentos mediante pluses y complementos.
    • Recuperar medidas laborales importantes para los y las trabajadoras que aún siguen pendientes:
    • Indemnización por despido improcedente de al menos 45 días, cumpliendo con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales de establecer indemnizaciones disuasorias y suficientes
    • Salarios de tramitación.
    • Recuperar en el Estatuto de los Trabajadores la necesaria autorización previa de la autoridad laboral en los Expedientes de Regulación de Empleo, con el objetivo de proteger el empleo y la viabilidad de la actividad empresarial.
    • Medidas específicas orientadas a reducir la precariedad, temporalidad y parcialidad que aún afectan especialmente a sectores como mujeres y personas jóvenes, con el objetivo de reducir la brecha salarial existente.
  • Acabar con la práctica del uso abusivo de las horas extras, muchas de ellas no remuneradas o compensadas con descanso, mediante la implantación del registro horario digital obligatorio accesible a la Inspección de Trabajo, así como establecer por ley el recargo de las horas extras.
  • Control de las extinciones de contrato por no superar el periodo de prueba para evitar que el período sea utilizado para encubrir contrataciones fraudulentas y despidos sin causa. Mediante la negociación colectiva se fijará la duración del periodo de prueba y a falta de pacto colectivo se fijará un periodo máximo de 3 meses para el personal técnico titulado y un mes para el resto.
  • Reformar los sistemas de atención y tramitación de la administración laboral en las prestaciones y desempleo, aumentando para ello recursos y plantillas que aseguren el acceso y tramitación en tiempo y forma tanto presencial como electrónicamente para todas las personas que necesiten estos servicios.
  • Defender una verdadera inclusión laboral de las personas con discapacidad con mejoras en la inclusión laboral a través del cumplimiento real y efectivo de la cuota de reserva de empleo en las empresas, en coherencia a la Observación General nº 8 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación con el derecho a un trabajo libremente elegido o aceptado, en igualdad de condiciones con el resto de la población. Para ello, proponemos garantizar puestos accesibles, apoyos al empleo, adaptaciones, carrera profesional, estabilidad y políticas activas que permitan participar en igualdad en el mercado laboral.
  • El reconocimiento y establecimiento efectivo del Marco Vasco y Navarro de Relaciones Laborales para la negociación colectiva para que atienda a la realidad sindical, laboral, social y económica propia.
  • Agilizar los trámites de homologación y equivalencias de las titulaciones extranjeras como mecanismo necesario en los procesos de inclusión socio-laboral.
  • Realizar mejoras en las condiciones laborales de las empleadas de hogar para una equiparación laboral plena con el resto de trabajadores y trabajadoras a través de una revisión estricta del régimen de internas, una revisión en el reconocimiento de enfermedades profesionales, una Inspección de Trabajo que persiga eficazmente los abusos y los excesos de jornada en los domicilios, y la eliminación de trabas para el cobro de las prestaciones por desempleo y pensiones, así como la promoción de la negociación colectiva para hacer posible la regulación y mejoras de las condiciones laborales en el empleo de hogar a través de un convenio colectivo.
  • Transferencia completa de la competencia de Inspección de Trabajo incluida la capacidad para realizar las convocatorias para la cobertura de las plazas necesarias, todo ello con el objetivo de contar con un instrumento fundamental para la protección de los y las trabajadoras. Transitoriamente, y hasta que la transferencia sea efectiva, realizar convocatorias para ampliar las plantillas de la Inspección de Trabajo, compromiso adoptado con nuestras instituciones, pero no ejecutado por el Ministerio.
  • Transferencia de la competencia sobre las políticas pasivas de Empleo a Navarra.
1.3. Pensiones

Frente a las amenazas de recortar y privatizar las pensiones, defenderemos no solo su carácter público, sino que trabajaremos para adoptar las medidas necesarias para que todas las pensiones, en todas sus modalidades, especialmente las mínimas, no contributivas y de viudedad, logren valores de suficiencia. Para ello:

  • Blindar el carácter público de las pensiones/el sistema público de pensiones rechazando cualquier intento de recorte, privatización o aumento de la edad de jubilación y periodo de cómputo.
  • Garantizar el poder adquisitivo de las y los pensionistas, manteniendo y blindando la revalorización anual al IPC.
  • Aumentar las pensiones mínimas al menos hasta los 1.220 €, estableciendo la cuantía y su actualización acorde al SMI como exige el movimiento de pensionistas.
  • Nuevo alza de las pensiones de viudedad y no contributivas de al menos un 15 % hasta alcanzar valores de suficiencia, como medida para enfrentar la precariedad que sufren quienes perciben estas pensiones, en su mayoría mujeres.
  • Culminar la tramitación de la Ley que reconoce el derecho a pensión sin penalización de las personas con al menos 40 años de cotización.
  • Transferencia del Régimen Económico de la Seguridad Social a las instituciones vascas y navarras.
1.4. Contención de precios y carestía de la vida

La cada vez mayor carestía de la vida que la mayoría social y trabajadora sufre, debido a una crisis inflacionaria, unas guerras inútiles provocadas por EEUU e Israel y la dependencia de los combustibles fósiles, genera en miles y miles de familias cada vez mayores dificultades para mantener una condiciones de vida materiales suficientes. Para ello será necesario continuar reforzando el escudo social y las medidas para aliviar a las familias, pero es hora de reequilibrar la balanza en favor de la ciudadanía frente al sector privado. La contención de precios no puede descansar exclusivamente en ayudas públicas que compensen a posteriori los incrementos decididos por los mercados. Por eso debe garantizarse la capacidad de intervención pública sobre las condiciones de formación de los precios, el reparto del valor y la apropiación de rentas, evitando que las crisis económicas se conviertan en oportunidades de enriquecimiento para las grandes corporaciones y empobrecimiento para la mayoría social. Para ello propondremos:

  • Establecer un mecanismo de intervención extraordinaria sobre los márgenes de las grandes empresas de los sectores energético y alimentario, que impida que, en situaciones de emergencia, crisis de abastecimiento o incrementos extraordinarios de costes, trasladen de forma desproporcionada dichas subidas a los precios finales al consumidor mientras incrementan sus márgenes de beneficio, que actualmente suponen uno de los elementos inflacionarios.
    • Este mecanismo establecerá obligaciones de absorción a las empresas de una parte de los incrementos de costes mediante los márgenes empresariales, atendiendo a criterios objetivos como la posición de mercado, la capacidad económica y financiera, la evolución de los costes y márgenes y la existencia de rentas extraordinarias.
    • Para garantizar su aplicación, se deberán establecer los instrumentos legislativos y de supervisión necesarios, reforzando especialmente las capacidades de la CNMC y del Observatorio de Márgenes Empresariales, así como los mecanismos de transparencia, inspección y sanción.
  • Recuperar el mecanismo de intervención sobre el precio del gas utilizado para generación eléctrica en situaciones extraordinarias de encarecimiento como la actual, tomando como referencia la experiencia del mecanismo ibérico o “tope al gas”.
  • Establecer límites temporales a los precios de bienes y servicios esenciales, como la electricidad, el gas, los combustibles, el transporte y determinados productos básicos, ante situaciones de emergencia, crisis de abastecimiento o incrementos extraordinarios e injustificados de precios.
    • Estos mecanismos deberán contar con criterios objetivos de activación, duración y revisión, garantizando la protección de las personas consumidoras y evitando que las situaciones de crisis se traduzcan en oportunidades de especulación y enriquecimiento extraordinario.
  • Adoptar, para su traslado y defensa ante las instituciones europeas, una posición favorable a la reforma del sistema de formación de precios del mercado eléctrico europeo, superando las limitaciones del actual modelo marginalista, para evitar que los costes de las tecnologías de generación más caras determinen sistemáticamente la retribución de toda la electricidad y garantizar que los menores costes de generación renovable se trasladen efectivamente a los precios que pagan los consumidores.
  • Reforzar la intervención y supervisión pública sobre toda la cadena de producción, transformación y distribución alimentaria, garantizando una distribución justa del valor entre productores, industria y distribución, e impidiendo que las grandes cadenas de distribución e intermediarios incrementen injustificadamente sus márgenes comerciales a costa de las personas consumidoras y del sector productor.
    • Para ello, deberán establecerse controles obligatorios sobre los precios y márgenes comerciales de las grandes distribuidoras e intermediarios, reforzar la inspección y el régimen sancionador frente a las prácticas comerciales abusivas y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa que prohíbe las compras por debajo de los costes efectivos de producción.
    • Asimismo, combatir las estrategias de reduflación, las modificaciones encubiertas de precios y otras prácticas de manipulación comercial que perjudican a las personas consumidoras.
    • Para todo ello, se deberá desarrollar el Observatorio de la Cadena Alimentaria como instrumento efectivo de seguimiento de los precios, los costes y los márgenes comerciales en todos los eslabones de la cadena, garantizando la transparencia de la formación de precios y de la distribución del valor.
  • Establecer ayudas y reducciones de precio para los sectores productivos especialmente afectados por los incrementos extraordinarios de los costes energéticos y de los principales insumos como la industria, el transporte profesional y el sector primario.
    • Estas medidas priorizarán la protección de la actividad productiva y el empleo, la estabilidad de los costes de producción y la continuidad de las explotaciones y empresas, condicionando las ayudas públicas al mantenimiento de la actividad y evitando que se traduzcan en incrementos de los márgenes empresariales o en beneficios extraordinarios. Se deberán favorecer, asimismo, soluciones estructurales que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles y de los mercados energéticos volátiles.
  • Mantener y ampliar rebajas de tarifas y los bonos subvencionados de viajero frecuente actuales, incluidas la financiación estatal para la bonificación de los transportes dependientes de instituciones autonómicas, forales y locales.
  • Ampliar y automatizar el acceso al bono social eléctrico y térmico, garantizando que todas las personas y hogares que cumplan los requisitos accedan efectivamente a esta prestación, evitando que el desconocimiento, la complejidad o la falta de recursos administrativos impidan el ejercicio de un derecho reconocido legalmente.
1.5. Servicios públicos

1.5.1 SALUD, DERECHOS COLECTIVOS Y BIENESTAR COMUNITARIO

Nuestro objetivo será en primer lugar defender las competencias que actualmente se materializan en Hego Euskal Herria, adquirir las competencias que todavía ejerce el Ministerio de Sanidad, y trabajar en colaboración con el resto de colectivos, profesionales y ciudadanía de todas comunidades Autónomas para fortalecer los derechos de la salud individual y colectiva y garantizar el cumplimiento de los mismos.

Nuestras líneas específicas de trabajo serán las siguientes:

Ciudadanía

  • Ampliar la cartera común básica con prestaciones como la de la salud bucodental y los productos ópticos y salud visual para aquellos colectivos históricamente desatendidos o en situación de mayor vulnerabilidad con un enfoque transversal de equidad social. Asimismo, las personas que han sufrido las consecuencias de la talidomida o de la poliomielitis tendrán las prestaciones necesarias para paliar los daños generados.
  • Aprobar la gratuidad de productos de higiene menstrual mediante su distribución farmacéutica y aplicar el IVA superreducido a estos productos en todos los puntos de venta.
  • Establecer la dispensación farmacéutica gratuita de preservativos femeninos y masculinos, así como de kits básicos de detección de ITS.
  • Regular y restringir la comercialización y la publicidad de los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas y energéticas en menores de edad.
  • Modificar la ley Orgánica 3/2021 de 4 de marzo, de regulación de la Eutanasia para garantizar el derecho a recibir la prestación de todas las personas, que abarque por igual el sufrimiento de origen físico, como psíquico. Con el objetivo de blindar el derecho a morir dignamente frente a la intromisión judicial de terceros. Asegurando así que el procedimiento de la petición de la ayuda a morir constituya un acto de estricta intimidad personal y de autodeterminación.
  • Avanzar en la detección, prevención y sensibilización de la violencia obstétrica de la mano de colectivos feministas especializados en la materia.
  • Desarrollar mecanismos de control y seguimiento de las medidas legislativas relativas al derecho al olvido oncológico.

Profesionales.

  • Transitoriamente y mientras la transferencia no se haga efectiva, proponer la reserva de un 53% de las plazas del MIR, EIR, PIR, etc. para aquellos profesionales que dominen las dos lenguas oficiales del País Vasco.
  • Impulsar un cambio de modelo de acceso a la formación de las especialidades MIR, EIR, PIR, etc. Además, propondremos la creación de la especialidad de enfermedades infecciosas.
  • Colaborar para priorizar, prestigiar y asegurar la especialidad de familia y comunitaria. Con el objetivo de reforzar la atención primaria.
  • Modificar la ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, para abordar las nuevas necesidades sociosanitarias y transformar el Sistema Público de Salud a la actualidad. Para ello, proponemos reconocer como profesiones sanitarias las siguientes: la biología, el trabajo social, las ciencias de la actividad física y del deporte, y la psicología.
  • Transferencia de la competencia de la formación especializada de todas las categorías del sistema de salud y de la competencia de las áreas de capacitación específica de las profesiones sanitarias.

Gobernanza.

  • Impulsar un cambio de modelo en la atención de salud mental en la nueva estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Proponemos cambiar la concepción y por lo tanto el abordaje, poniendo el foco en los determinantes sociales como eje del modelo. El objetivo es dotar de capacidad de decisión a las personas afectadas y garantizar que sean el centro del abordaje.
  • Derogar la Ley 15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el PP que permite la privatización y externalización de los servicios sanitarios.
  • Regular y canalizar la financiación y el sistema de patrocinio de la industria farmacéutica y de tecnologías médicas, orientándola a los objetivos y líneas estratégicas del Sistema Público de Salud.
  • Regular y canalizar el sistema de patrocinio de la industria farmacéutica y de tecnologías médicas.
  • Avanzar junto con las comunidades autónomas hacia la creación de una Farmacia Pública con el objetivo de fomentar la autogestión de las comunidades autónomas de los materiales básicos de mayor uso en el Sistema Sanitario Público, de los medicamentos considerados básicos por la Organización Mundial de la Salud y de los fármacos que se ven abocados a la rotura de stock.
  • Impulsar la reforma del Real Decreto Legislativo 1/2015 del 24 de julio, para afrontar los nuevos retos relacionados con el acceso a la innovación, al abastecimiento de medicamentos y la sostenibilidad de la prestación farmacéutica.
  • Avanzar en la transformación del Sistema Público de Salud hacia atender las necesidades de las personas desde la perspectiva biopsicosocial reforzando el derecho a la salud y permitiendo a la vez una mejor planificación y optimización de los recursos humanos dedicados a los cuidados sociosanitarios.
  • Solicitaremos la competencia de los Centros de Vacunación Internacional a través del Convenio de encomienda de gestión y asimismo iniciaremos los trámites para la gestión de la transferencia de la competencia en Sanidad Exterior.

1.5.2 EDUCACIÓN

Defendemos, mediante la capacidad y herramientas propias de nuestro autogobierno, un sistema educativo propio para Euskal Herria, de calidad, inclusivo, coeducativo, participativo, laiko, euskaldun y soberano. Por eso,

  • Apostamos por una bajada de ratios como una oportunidad para mejorar la calidad educativa. La bajada de la natalidad puede ser una oportunidad para reforzar la atención personalizada al alumnado, sobre todo del más vulnerable, y fomentar una educación más inclusiva.
  • Apostar por la estabilización de las profesionales, mejorando sus condiciones laborales y aumentando la formación para adecuarse a las nuevas necesidades.
  • Aumentar la financiación, acercándonos progresivamente al 6% de inversión definido por la UNESCO.
  • Apoyaremos cambios normativos que tengan por objetivo reforzar la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

1.5.3 CUIDADOS

En el sistema actual, sin unos servicios públicos suficientes, ser dependiente penaliza, castiga, social y económicamente a miles y miles de familias. Sabemos que las necesidades de ser cuidado están presentes en la vida de todas nosotras y sabemos lo lejos que estamos de un sistema público que cubra todo esto como se merece. Por ello, proponemos:

  • Situar el cuidado como una cuestión central para el futuro de nuestras sociedades, limitando la privatización y el ánimo de lucro en este sector, y avanzando hacia su universalidad y gratuidad.
  • Incluir la visión de los cuidados temporales en el sistema de atención a la dependencia.
  • Dar pasos en el derecho subjetivo a los cuidados, empezando por la retroactividad de las prestaciones económicas por la dependencia desde la fecha de solicitud.
  • Medidas relativas a la reparación de género en el sector de los cuidados, desde la desprecarización laboral hasta el reconocimiento de los cuidados familiares con cambios coordinados con la Seguridad Social en lo que respecta a bonificaciones, pensiones y permisos retribuidos.
  • Medidas relativas a saldar deudas históricas con colectivos como las personas afectadas por la poliomielitis o quienes sufrieron esterilizaciones forzadas.
  • Modificar cuestiones relativas al copago en la ley de dependencia, con el objetivo de excluir el copago relativo a los cuidados personales y que las familias o personas afectadas, solamente, se hagan cargo del copago correspondiente al hospedaje y manutención avanzando hacia la gratuidad del sistema.

1.5.4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

  • Asegurar el acceso a la administración pública en tiempo y forma para toda la ciudadanía. Para ello, y mientras la brecha digital sea una realidad, se deberán establecer obligatoriamente canales presenciales ágiles que permitan realizar cualquier trámite en tiempo y forma, evitando la falta de citas y el colapso al que se enfrentan miles de personas en su relación con la administración que conlleva la imposibilidad de acceso a la protección laboral y social a la que la tienen derecho. Para asegurar este servicio, deberán realizarse las inversiones en recursos y plantillas necesarios para respetar y asegurar el derecho de la ciudadanía a un servicio de calidad.
  • Aplicar procesos abreviados para la solicitud y reconocimiento de las figuras e instrumentos básicos de protección laboral y social, como las prestaciones por desempleo o las ayudas para colectivos vulnerables.
  • Establecer como requisito el conocimiento del euskara para los servicios que la administración pública estatal ofrece en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, incluyendo la administración de justicia, asegurando el derecho de la ciudadanía a interactuar y ser atendida en nuestra lengua tanto de manera presencial como telemática o telefónica. Para ello se deberán modificar las leyes que establecen los criterios de funcionamiento, selección y acceso a la administración general del estado.
  • Proponer medidas de control para atajar el fraude y comercio que hoy en día se da con las citas presenciales auspiciado por la limitada disponibilidad de las mismas.
  • Reconocimiento pleno a las administraciones públicas vascas y navarras de la competencia para decidir a través de la negociación colectiva el incremento salarial de sus plantillas sin someterse a los límites fijados en el Estado.
1.6. Escudo social

El objetivo será mantener y reforzar el escudo social que durante los últimos años EH Bildu ha acordado y mantenido como red de apoyo a las personas y familias más vulnerables de nuestra sociedad, ofreciendo un mínimo de seguridad y estabilidad a quienes se encuentran en peor situación. Para ello, propondremos:

  • Hacer estructural y permanente la garantía de suministros básicos para personas vulnerables, la cual impide el corte de los mismos a hogares vulnerables, en vigor hasta 31 de diciembre gracias a los acuerdos de prórroga alcanzados por EH Bildu los últimos 3 años.
  • Ampliar, agilizar, automatizar la percepción de los bonos sociales eléctrico y térmico, para garantizar el acceso efectivo a todas las personas con derecho al mismo, superando las trabas administrativas que impiden que gran parte de las personas con derecho a su percepción lo hagan.
  • Mantener y ampliar el acceso y duración del Suministro Mínimo Vital.
  • Aumentar el IPREM en función del IPC, con un aumento extraordinario que permita compensar la pérdida de cuantías de los últimos años en prestaciones, desempleo, subvenciones y ayudas que dependen de este índice.
  • Reformular la calificación de vulnerabilidad, ampliando los condicionantes y requisitos como el límite de renta, condiciones especiales, cargas familiares etc. para que las medidas de protección amparadas en esta calificación puedan ser accesibles para más personas y familias en un contexto de aumento extraordinario de la carestía de la vida y dificultades económicas de los hogares.
  • Transferencia integral de la competencia del Ingreso Mínimo Vital. Transitoriamente, y hasta que la transferencia sea efectiva, ampliar las condiciones y requisitos para hacerlo accesible a más personas. Además, se propone aumentar las cuantías y simplificar trámites para garantizar el acceso a su percepción.
1.7. Familias e infancia

Defenderemos e impulsaremos medidas para avanzar hacia un sistema de conciliación igualitario y en el cual se garanticen los derechos de todas las personas menores de edad.

  • Avanzar hacia medidas que mejoren la conciliación y la protección a las familias desde una perspectiva interseccional, incluyendo el cumplimiento íntegro de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.
  • Garantizar la participación de jóvenes y niños y niñas en el devenir político y social.
  • Proponemos que se oriente a las CCAA a desarrollar prestaciones económicas de apoyo a la crianza acordes con índices de gasto de crianza territoriales. También es necesario que esta prestación sea compatible con la percepción del IMV y otros complementos de ayuda a la infancia.
  • Mejorar en los permisos retribuidos por maternidad y paternidad y avanzar en el reconocimiento de esos permisos como derecho de la infancia, con medidas como:
    • Equiparar la duración de los permisos de lactancia, permiso para ausentarse en el trabajo para cuidar a los menores a cargo y permiso a suspensión con reserva de puesto de trabajo a los que acceden las familias biparentales a las familias monoparental y monomarentales ampliando la duración en igual tiempo al que disfrutaría una segunda persona progenitora en una familia biparental.
    • Equiparar el permiso retribuido de lactancia de la misma manera para trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena o autónomos/as.
    • Crear un permiso de maternidad preparto y otro puerperal, ambos universales y retribuidos, para reconocer y proteger los derechos reproductivos y las necesidades de la primera infancia.
    • Mejorar las prestaciones por cuidados de menores afectados por Cáncer u otras enfermedades graves.
  • Dotar a las oficinas de extranjería de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma del País Vasco de recursos humanos suficientes para no vulnerar los derechos de los y las solicitantes de reagrupaciones familiares y trámites que afectan directamente a la infancia.
1.8. Política fiscal

La redistribución de la riqueza debe ser un objetivo que cualquier sociedad justa debe asegurar. La política fiscal es uno de los instrumentos eficaces para ello. Por eso resulta necesario que el sector privado, especialmente las grandes empresas, aporten lo que deben en un momento de acumulación de capital por parte de estas con grandes márgenes de beneficio que, sin embargo, no revierten como deberían en la ciudadanía y los servicios públicos. Para ello, propondremos:

  • Recuperar el impuesto a la energéticas que PNV, UPN, PP, VOX y JUNTS tumbaron, haciéndolo permanente. El impuesto se concertará con nuestras haciendas para que nuestras instituciones gestionen y recauden el impuesto.
  • Aumentar el peso impositivo del impuesto a la banca y las grandes fortunas.
  • Aprobar un nuevo impuesto especial sobre los beneficios de las grandes distribuidoras alimentarias, concertado con las haciendas forales para su gestión y recaudación.
  • Establecer un 21% de IVA para los alojamientos turísticos de corta duración.
  • Revertir las reglas fiscales para la contención de la inversión pública que impiden a las entidades locales llevar a cabo inversiones necesarias en servicios y actuaciones destinadas a la ciudadanía.
  • Derogar la modificación del artículo 135 de la constitución española realizada por PP y PSOE que establece la prioridad del pago de deuda sobre la inversión social y pública.
  • Rechazar cualquier retorno a las políticas de austeridad que suponen privatizaciones y recortes en servicios públicos, derechos laborales o pensiones.
1.9. Transición ecosocial y desarrollo económico

EH Bildu concibe la transición ecosocial como una transformación urgente y sistémica que enfrente la emergencia climática, sitúe en el centro la sostenibilidad de la vida, responda al principio de justicia climática y genere una nueva prosperidad respetando los límites ecológicos del planeta. Al trasladar este enfoque a las Cortes Generales, nuestra acción se acomete con una perspectiva propia en el camino de nuestra soberanía nacional. Prioritariamente, buscamos acelerar la descarbonización y reducir la dependencia energética exterior, aplicando el principio de la autosuficiencia conectada, es decir, impulsando la mayor provisión posible de energía, bienes y recursos desde la proximidad, mediante el aprovechamiento de las capacidades propias y su articulación en redes de cooperación e interdependencia entre territorios, exigiendo pleno respeto a la capacidad de decisión de las instituciones propias de Euskal Herria, así como al Concierto Económico y al Convenio Económico. Sin ser un programa de gobierno detallado, las líneas estratégicas que presentamos buscan favorecer el desarrollo de la ponencia Bizigintza, la vía de EH Bildu para impulsar la transición ecosocial desde y para Euskal Herria. Las líneas que se esbozan aquí no agotan el conjunto de medidas que pueden contribuir a la transición ecosocial. Por ello, EH Bildu está abierta a apoyar o vehiculizar otras iniciativas que lleguen desde la sociedad civil organizada, siempre que estén en línea con la orientación general de nuestra base programática y respeten el marco competencial. Esto es especialmente relevante en materias como la adaptación al cambio climático, donde defendemos un enfoque bottom-up, con las instituciones más próximas como protagonistas.

1.9.1 ENERGÍA Y CLIMA

  • Ambición climática: Revisión al alza de los objetivos de la planificación de energía y clima (PNIEC), con el objetivo de adelantar la descarbonización, al menos, a 2045.
  • Dependencia fósil: Reducir urgentemente el uso de los combustibles fósiles como vía prioritaria para reducir emisiones y dependencia energética exterior. Actuar para ello en todos los sectores estableciendo objetivos más ambiciosos en cada uno de ellos.
  • Despliegue renovable: Generar las condiciones sociales, fiscales, administrativas, planificatorias y económicas óptimas para realizar un despliegue renovable rápido y a la escala necesaria, impulsando la participación pública y comunitaria desde la generación al consumo, haciéndola compatible con la soberanía alimentaria y estableciendo las condiciones para su aceptabilidad mediante un retorno social justo, transparente y territorialmente distribuido, que garantice que los beneficios reviertan en las comunidades que las acoge.
  • Calendario nuclear: Apostaremos por mantener el calendario de cierre nuclear definido en el PNIEC.
  • Adaptación a la emergencia climática: EH Bildu apuesta por una estrategia bottom-up, con la comarca como unidad adaptativa ideal, a través de estrategias integrales que combinen políticas de planificación territorial, agua, forestal, urbanística, agrícola-ganadera, movilidad, infraestructuras etc. encaminadas a hacer nuestros territorios más resilientes. Como orientación general, apoyaremos las modificaciones legislativas más avanzadas según criterios científico-técnicos, respetando la distribución competencial.
  • Electrificación: Apuesta por la electrificación como vía prioritaria a la descarbonización. Apoyo a establecer objetivos de electrificación vinculantes.
    • Refuerzo del sistema eléctrico: Reforzar las redes eléctricas, el almacenamiento y los mecanismos de flexibilidad necesarios para integrar más energía renovable y responder a la demanda creciente.
    • Reformar el mercado eléctrico para evitar que el aumento del precio del gas fósil en los mercados internacionales presione excesivamente al alza el precio del conjunto de la electricidad.
    • Comunidades energéticas y autoconsumo: Facilitar, a través del marco normativo, el marco fiscal y el apoyo económico directo, la expansión del autoconsumo, las comunidades energéticas y comunidades ciudadanas de energías.
    • Protección social y automatización del bono social eléctrico: Automatizar el acceso al bono social eléctrico y térmico para cerrar la brecha actual de NON TAKE UP, y favorecer la participación de hogares vulnerables en comunidades energéticas.

1.9.2 INDUSTRIA Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

  • Impulsar una estrategia legislativa estatal y europea para desarrollar el Made in Europe como instrumento de soberanía industrial, transición ecológica y justicia social, dentro del ámbito del Industrial Accelerator Act para reforzar las capacidades productivas europeas, ampliar los sectores estratégicos y vincular las ayudas públicas y la contratación a criterios de descarbonización, empleo digno y valor añadido industrial. Impulsar estos principios mediante reformas legislativas que condicionen los recursos públicos al retorno social y productivo, refuercen la participación pública en sectores estratégicos y garanticen el protagonismo de Euskal Herria en la construcción de la soberanía económica y tecnológica europea.
  • Electrificación y descarbonización: Impulsar una estrategia de descarbonización y electrificación competitiva de la industria, apoyando inversiones en electrificación, eficiencia energética y sustitución progresiva del gas fósil por alternativas técnicamente viables (primando la electrificación), que permitan reducir emisiones y costes energéticos y reforzar la competitividad industrial.
  • Impulsar una estrategia legislativa de soberanía digital europea en el marco del Cloud and AI Development Act, promoviendo infraestructuras públicas y europeas de computación, servicios cloud y desarrollo de inteligencia artificial que respondan prioritariamente a las necesidades de la ciudadanía, los servicios públicos y el tejido productivo, especialmente las pymes y la industria. Condicionar el despliegue de centros de datos a criterios de sostenibilidad energética y territorial, eficiencia en el uso de recursos y contribución al desarrollo económico local, garantizando el control democrático de los datos y reduciendo la dependencia de las grandes corporaciones tecnológicas.
  • Impulsar el desarrollo de la economía social como modelo estratégico de reindustrialización ecosocial, tomando como referencia la experiencia cooperativa de Euskal Herria y su proyección internacional. Promover reformas legislativas y políticas públicas que faciliten la creación, consolidación y crecimiento de cooperativas industriales, fomenten la participación de las personas trabajadoras en la propiedad y gestión de las empresas, y favorezcan la recuperación de empresas en crisis mediante fórmulas de propiedad colectiva. Reforzar asimismo los instrumentos públicos de financiación, innovación y acompañamiento empresarial para extender este modelo, vinculando la competitividad industrial a la democracia económica, el arraigo territorial y la distribución social del valor generado.

1.9.3 PRIMER SECTOR, MEDIO RURAL Y TERRITORIO

  • Soberanía alimentaria y capacidad de decisión sobre la PAC: Impulsar una mayor capacidad de gestión y decisión de la Política Agraria Común, avanzando hacia su renacionalización y territorialización, para que Euskal Herria pueda diseñar y desarrollar una política agraria propia dentro del marco europeo, priorizando los intereses estratégicos del sector productor y construyendo un sistema agroalimentario resiliente, sostenible y orientado al futuro.
  • Soberanía pesquera y capacidad de decisión sobre la Política Pesquera Común: Impulsar una mayor descentralización y regionalización de la Política Pesquera Común, reforzando la capacidad de gestión y decisión de las comunidades y regiones pesqueras para que Euskal Herria pueda desarrollar una política pesquera propia dentro del marco europeo, adaptada a las características de su flota y litoral, que garantice la sostenibilidad de los recursos marinos, la viabilidad económica del sector, el relevo generacional y el mantenimiento de las comunidades pesqueras.
  • Alimentación como derecho y precios justos: Avanzar hacia un modelo que garantice el derecho universal a una alimentación saludable y de calidad, asegurando precios justos para las personas productoras y precios asequibles para las consumidoras. Impulsar herramientas como la Seguridad Social Alimentaria y reforzar el carácter social de la agricultura y la pesca como actividades esenciales para garantizar este derecho.
  • Compra pública alimentaria sostenible y de proximidad: Reforzar la legislación que permita la contratación pública alimentaria mediante objetivos de adquisición de productos saludables, sostenibles y de proximidad en comedores escolares, hospitales, residencias y otros servicios públicos, utilizando la compra pública como instrumento de desarrollo rural, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento del sector productor local.
  • Regulación de la cadena alimentaria y distribución del valor: Desarrollar toda la potencialidad de la Ley de la Cadena Alimentaria, los mecanismos de inspección y los sistemas de control para garantizar precios justos en origen y evitar prácticas comerciales abusivas. Desarrollar el Observatorio de la Cadena Alimentaria como instrumento efectivo de seguimiento de los precios y de transparencia en la distribución del valor entre producción, transformación, distribución y consumo.
  • Impulso a la producción ecológica y regenerativa: Expandir la superficie destinada a la agricultura y ganadería ecológica e implantar el sello de reconocimiento ECOREGENERATIVA para explotaciones que combinen producción ecológica con prácticas regenerativas del suelo.

1.9.4 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

  • Competencias íntegras en materia de movilidad: transferencia completa y efectiva a la CAPV y Nafarroa de las competencias ferroviarias, aeroportuarias y portuarias. Impulsar el traspaso efectivo de todas las competencias.
  • Renovación de la red ferroviaria: Apostar por una renovación integral de las vías en aquellos corredores en los que es posible ofrecer una alternativa de renovación a la Alta Velocidad (especialmente el corredor navarro y la conexión de la CAPV con Burgos). Desarrollar la alternativa bajo el principio de “una plataforma, tres servicios” donde, además de un servicio de media y larga distancia de velocidad alta (200 km/h) se garantice un servicio de cercanías de calidad y la posibilidad de transportar mercancías.
  • Refuerzo de Cercanías, Media Distancia y conexiones con Ipar Euskal Herria: “Más tren para la movilidad cotidiana”. Reforzar las redes de Cercanías y Media Distancia, mejorando las infraestructuras para poder aumentar frecuencias y mejorar los servicios, impulsando además las conexiones con Ipar Euskal Herria.
  • Ayudas progresivas y leasing social de vehículos eléctricos: Reorientar las ayudas a la movilidad eléctrica mediante criterios de renta y programas de leasing social para vehículos eléctricos puros (BEV) en hogares vulnerables, eliminando subvenciones a vehículos híbridos.
  • Trasvase de mercancías al tren: Fijar objetivos ambiciosos de trasvase de mercancías de la carretera al ferrocarril.
  • Cofinanciación estatal para las políticas de descuentos al transporte público: Mientras existan servicios de movilidad de titularidad estatal, garantizar que las aportaciones estatales destinadas a la bonificación del transporte público puedan gestionarse desde nuestras instituciones, permitiendo adaptar los descuentos y ayudas a la realidad social y territorial de Euskal Herria.
  • Interoperabilidad en el transporte y reconocimiento de los sistemas tarifarios propios: Garantizar la plena interoperabilidad de los servicios de transporte de titularidad estatal con los sistemas tarifarios y de billetaje de Euskal Herria, permitiendo que nuestras instituciones puedan integrar dichos servicios en sus propios modelos de descuentos, títulos de transporte y políticas de movilidad.

1.9.5 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y EDIFICACIÓN

  • Financiación para la rehabilitación: Establecer mecanismos de financiación anticipada y subvenciones progresivas en función del nivel de renta que, para las personas más vulnerables puede llegar al 100%, destinadas a la rehabilitación energética profunda de las viviendas.
  • Electrificación térmica de los edificios y protección frente a olas de calor: Otorgar ayudas específicas para sustituir calderas de combustibles fósiles por alternativas eléctricas de alta eficiencia como las bombas de calor (aerotermia y geotermia) combinadas con mejoras de aislamiento. Incluyendo en los programas la instalación de sistemas de refrigeración eléctrica, enfocados especialmente en los edificios públicos y los hogares vulnerables.
  • Protección del alquiler y del derecho a la vivienda: Condicionar las subvenciones públicas a la rehabilitación a compromisos de permanencia de las personas inquilinas y límites al precio del alquiler para evitar subidas abusivas o desahucios indirectos.

1.9.6 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL.

  • Captura de beneficios extraordinarios: Articular un mecanismo permanente que grave los beneficios extraordinarios o windfall profits de las grandes corporaciones energéticas, tanto las vinculadas a los precios altos de la electricidad como los márgenes extraordinarios en el sector fósil.
  • Fin de subvenciones a combustibles fósiles: Eliminar las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles, desde la equiparación del impuesto especial de hidrocarburos hasta la eliminación de la exención al queroseno de aviación.
  • Fiscalidad favorable a la electrificación: Revisión completa de la fiscalidad energética orientada a revertir la penalización impositiva de la electricidad con respecto a los combustibles fósiles.
  • Tributación de la movilidad aérea: Introducción de un gravamen especial a los vuelos privados e implementar una tasación finalista a los billetes de aviación para promover combustibles alternativos como el e-SAF.
  • Respeto a las Haciendas Forales y concertación tributaria: Someter cualquier nueva figura o modificación fiscal ambiental promovida a nivel estatal a los mecanismos de concertación previa con el Concierto Económico en la CAPV y el Convenio Económico en Nafarroa.
1.10. Feminismo

Una de las principales tentaciones de la ofensiva reaccionaria que estamos viviendo está siendo articular la oposición de los derechos ganados por las mujeres. Los derechos fundamentales ganados han sido fruto de años de trabajo y es imprescindible garantizar la defensa y el blindaje a favor de lo logrado. Para ello proponemos una serie de medidas:

  • Blindar el derecho al aborto. Para ello, daremos los pasos y propondremos todas las medidas necesarias para garantizar el acceso libre, seguro, confidencial y digno al aborto.
  • Avanzar en medidas de protección frente al acoso en el acceso al aborto. Particularmente defenderemos medidas concretas de protección en torno a los centros sanitarios que practican interrupciones voluntarias del embarazo como perímetros de protección, protocolos preventivos y recogida de datos sobre posibles coacciones, acoso o intimidaciones.
  • Impulsar campañas de sensibilización para la ciudadanía en general, advirtiendo de los riesgos de contenido sexual que normalice la violencia contra las mujeres.
  • Prevenir las violencias sexuales en el ámbito digital, que comprenden la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos. Se pondrá especial atención en que las Administraciones públicas y entidades del sector privado utilicen un lenguaje accesible, inclusivo, no sexista, con enfoque de género y adaptado en las comunicaciones dirigidas a personas menores de edad.
  • Avanzar en el reconocimiento y penalización de la violencia vicaria. Identificar así tanto sus causas como consecuencias. Desarrollaremos medidas de prevención y reparación para combatirla.
  • Combatir los discursos antifeministas y los discursos que niegan y normalizan la violencia machista.
  • Analizar y revisar los recursos y sistemas existentes en la actualidad para la protección y reparación de mujeres víctimas de violencia machista.

1.10.1 LGTBIQ+

Lucharemos a favor del reconocimiento de la identidad sexual y de género de las personas LGBTIQ+ y no aceptaremos retrocesos en los derechos adquiridos, especialmente en la despatologización de las personas Trans. Para ello, propondremos:

  • Prohibir las terapias de conversión, ya que estas violan, entre otros, el derecho a la no discriminación, a la salud, a la identidad personal, a la integridad física y psicológica y a no ser sujeto a torturas.
  • Continuar con la lucha contra la LGTBIQ+fobia y por los derechos del colectivo
  • Adoptar medidas de prevención y reforzar la investigación de los delitos de odio hacia el colectivo LGTBIQ+ con especial atención en las redes sociales y en las plataformas digitales.
  • Reforzar las campañas de prevención de las ITS y VIH, sobre todo en el ámbito educativo y de ocio.
  • Desarrollar el contenido del artículo 50 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI sobre la adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras.
1.11. Migración

Todas las medidas propuestas por Euskal Herria Bildu en materia de migración tendrán como principios rectores la perspectiva feminista e interseccional, el enfoque de derechos humanos y la consideración primordial del interés superior de la infancia, garantizando que su diseño, desarrollo y aplicación contribuyan a eliminar las desigualdades y discriminaciones múltiples, así como a asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas. Para ello, propondremos:

  • Regularización y nueva Ley de Extranjería: Garantizar una regularización efectiva, accesible y estable. Facilitar las autorizaciones de residencia y trabajo y prevenir la irregularidad sobrevenida. Avanzar hacia una nueva legislación de extranjería basada en los derechos humanos.
  • Garantía del derecho de asilo y fin de las políticas migratorias que vulneran derechos: Rechazar las disposiciones restrictivas del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, las devoluciones sumarias, la externalización de fronteras y los CIE, garantizando procedimientos individuales con todas las garantías jurídicas.
  • Derecho universal a la acogida y a los servicios públicos: Garantizar un sistema público de acogida integral, con acompañamiento social, jurídico y laboral, homologación de títulos, acceso efectivo al padrón y eliminación de barreras para acceder a la sanidad, educación, vivienda y protección social, independientemente de la situación administrativa.
  • Lucha integral contra el racismo institucional y estructural: Reforzar la prevención, denuncia y sanción del racismo institucional, laboral, inmobiliario y policial, con mecanismos independientes de supervisión, reparación y protección de las personas afectadas.
  • Ciudadanía plena y reconocimiento de los derechos políticos: Impulsar las reformas necesarias para ampliar el derecho al voto y a la representación política de las personas de origen extranjero residentes, avanzando hacia un modelo de ciudadanía basado en la residencia efectiva y la participación democrática.
  • Dotar a las oficinas de extranjería de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma del País Vasco de recursos humanos suficientes para no vulnerar los derechos de los y las solicitantes.
  • Transferencia integral de las competencias migratorias que nos permitan desarrollar un modelo vasco de acogida propio.
1.12. Inteligencia artificial y digitalización

El desarrollo de la digitalización y de la Inteligencia Artificial está provocando profundas transformaciones en todos los ámbitos tecnológicos, económicos y sociales. A pesar de los avances en la digitalización, la conectividad, la investigación y la inversión pública para promover el desarrollo de la IA, siguen existiendo importantes debilidades: la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas propias, el limitado nivel de digitalización de las pymes, la necesidad de mejorar la eficiencia de la transformación digital de los servicios públicos, la escasez de talento tecnológico y la fuerte dependencia de los proveedores tecnológicos externos. En el ámbito de la IA en particular, desarrollar infraestructuras, gobernanza de datos, capacidades de computación y modelos propios es un reto estratégico.

Pero el reto no es sólo tecnológico: también es político, económico, social y democrático. El desarrollo de la IA se está produciendo en un contexto de concentración de poder y competencia geopolítica de las grandes empresas tecnológicas. El riesgo es que los avances desarrollados con recursos públicos dejen el conocimiento y la riqueza en manos de unos pocos, aumente la dependencia tecnológica y profundice las desigualdades. Por ello, la IA debe ponerse al servicio de los derechos de las personas, de los intereses de los trabajadores, del medio ambiente y del interés general, garantizando un control democrático y una justa distribución de beneficios.

Europa también reivindica la soberanía digital y la autonomía estratégica; nuestro reto es convertir esas aspiraciones en auténticas capacidades propias.

Por todo ello, proponemos las siguientes iniciativas estratégicas:

  • Gobernanza democrática y control público de IA. Poner al servicio del interés público el desarrollo y uso de la IA. Garantizar la transparencia, la superficialidad, la auditoría y la protección de los derechos de los ciudadanos en las decisiones automatizadas tomando como referencia el Reglamento de la IA Europea (AI Act).
  • Potenciar la soberanía digital, desarrollar infraestructuras tecnológicas propias, gobernanza de datos y capacidad de computación. Promover la participación de agentes tecnológicos y científicos del País Vasco en los proyectos de gigafactores de la futura IA en la red europea de supercomputación (EuroHPC). Atracción, formación y retención del talento. Priorizar el software libre, el código abierto y los estándares abiertos, en línea con la soberanía digital europea y la tecnología abierta, para reducir la dependencia de los proveedores externos.
  • Empleo, distribución de la riqueza y justicia social. Prevenir las transformaciones laborales de la IA, garantizando los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo dignas. Poner en beneficio de la IA y del conjunto de la sociedad lo generado por la automatización. Promover la reducción de jornada sin reducción de salario aprovechando los beneficios de la IA. Promover la formación y el reciclaje profesional de acuerdo con la estrategia europea de competencias digitales.
  • Desarrollar una IA ética, no discriminatoria, feminista y segura. Garantizando los derechos humanos, la igualdad de género, la transparencia, la protección de datos y la ciberseguridad, evitando riesgos y usos perjudiciales. Promover la presencia y participación efectiva de las mujeres en el diseño, desarrollo y toma de decisiones de la IA, poniendo sus beneficios en beneficio de toda la sociedad.
  • Empoderamiento digital de la ciudadanía. Promover el empoderamiento digital de toda la ciudadanía y el conocimiento sobre la IA, potenciando la capacidad crítica y el uso responsable. Formación educativa y social en su conjunto, tomando como referencia el marco europeo de competencias digitales.
  • Garantizar la financiación y los recursos específicos a nivel estatal para el desarrollo de las tecnologías lingüísticas y de los modelos lingüísticos, conjuntos de datos, tecnologías de voz y sistemas de traducción automática en euskera. Incorporar el euskera y el resto de lenguas oficiales de forma igualitaria en el desarrollo de la IA, en sintonía con las políticas de protección de la diversidad lingüística en Europa.
  • Sostenibilidad ambiental y verde IA. Reducir el impacto ambiental de la IA fomentando los algoritmos verdes y el uso responsable de los recursos. Tener en cuenta, en consonancia con los objetivos del Tratado Verde Europeo, el consumo energético y de agua y la ubicación de los centros de datos, para priorizar las infraestructuras proporcionales y sostenibles.
  • Medidas para proteger a los/as menores de edad en los entornos digitales, como desactivar por defecto la recomendación algorítmica basada en perfiles para menores, que tengan en cuenta la perspectiva de género, ofreciendo opciones de diseño ético como los límites de tiempo y las notificaciones no adictivas.
1.13. Libertad de expresión

Frente a la amenaza reaccionaria de recorte de derechos y libertades, trabajaremos para blindar lo conquistado sin permitir pasos atrás, y avanzar en el fin de aquellas normas aún en vigor que suponen la negación de las libertades individuales y colectivas de la ciudadanía. Por todo ello, propondremos:

  • Acabar con la Ley Mordaza. Volveremos a presentar la Proposición de Ley de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana para acabar con la Ley Mordaza basada en el acuerdo que hace dos años EH Bildu logró para acabar con todos los artículos contrarios a la libertad de expresión y los derechos y libertades básicas de la ciudadanía, la cual, tras su admisión a trámite por mayoría, ha sido bloqueada por diferentes grupos durante su tramitación. Este acuerdo incluía las cuatro principales cuestiones y medidas que quedaron pendientes en la anterior legislatura y que el Gobierno español, hasta ese acuerdo momento, no había aceptado modificar:
    • Acabar con el uso de las pelotas de goma mediante su sustitución por medios menos lesivos y la implantación de protocolos específicos de actuación. Estos deberán incluir las directrices para el uso de los medios y actuaciones menos lesivas para la ciudadanía y evitar el uso de materiales que causen lesiones irreparables.
    • Acabar con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones policiales subjetivas, blindando la libertad de expresión y estableciendo su cancelación en caso de retractación de la persona denunciada.
    • Se establecen criterios objetivos para las acusaciones de desobediencia, que pasa de grave a leve, y que serán sancionables sólo cuando esta esté ajustada a la legalidad u ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad policial sobre requerimientos y sanciones.
    • Se establece la modificación de la Ley de Extranjería para aplicar los criterios de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo para para ello el acceso y evaluación de las solicitudes de protección internacional previas acordes al derecho internacional humanitario.
  • Eliminar los delitos del código penal que restringen la libertad de expresión y opinión. Por ello propondremos despenalizar los artículos sobre las criticas a la corona y las instituciones del estado como los gobiernos o las fuerzas de seguridad; las que penalizan y censuran la critica a sentimientos religiosos, que amparan la censura ideológica frente a la religión; también los artículos sobre el enaltecimiento del terrorismo que permiten una interpretación tan amplia y subjetiva que supone la criminalización de expresiones artísticas, humorísticas o de critica política.
  • Delimitar el concepto de “discurso de odio” para que cumpla con el objetivo de proteger a colectivos vulnerables, discriminados o sectores sociales que, efectivamente, reciban odio por su condición social, sexual, ideológica, religiosa, de origen o raza para evitar la instrumentalización sobre esta figura que sectores no discriminados o instituciones del estado utilizan para perseguir la disidencia política o ideológica.
  • Impulsar la reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para garantizar que el dinero público esté al servicio del derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural, y no de intereses políticos o económicos. Para ello, propondremos impedir la financiación de prácticas acreditadas de desinformación y manipulación informativa, exigiendo transparencia y control sobre las plataformas digitales y sus algoritmos, y asegurando un reparto de los recursos públicos transparente, objetivo y no discriminatorio que proteja el pluralismo mediático y garantice la inclusión de los medios que informan, sobre todo, en euskara, catalán y gallego.

2. Reconocimiento de Euskal Herria como nación y autogobierno

Introducción

El Estado español nunca afrontó una ruptura con las hipotecas heredadas de la dictadura. La regeneración necesaria para alcanzar un estadio democrático nunca se produjo y, en consecuencia, sigue pendiente una democratización real que abra los caminos de la plurinacionalidad, la justicia social y la regeneración democrática.

La llamada transición, lejos de suponer una ruptura real y democrática con la dictadura franquista, consistió en apuntalar y perpetuar la unidad indivisible de españa, la negación de las naciones del estado como Euskal Herria y el reforzamiento de un modelo capitalista y neoliberal que perpetúa la desigualdad de clase. Pilares, todos ellos, que siguen constituyendo hoy los pilares del sistema político, institucional y social del Estado español. Es toda esta arquitectura antidemocrática lo que definimos como Régimen del 78.

Un régimen sustentado durante décadas por los diferentes partidos y gobiernos españoles, que ha hecho valer sus estructuras y aparatos, como el judicial o el policial, durante décadas contra el independentismo vasco y la disidencia política y que, hoy, se encuentra plenamente al servicio del bloque reaccionario; los privilegios de clase que establecieron el sistema económico neoliberal, siguen hoy blindando los privilegios de las elites sobre las clases populares y trabajadoras; la corrupción estructural e intrínseca que ha corrompido a los diferentes partidos y gobiernos españoles o la función garante de todo ello de monarquía heredera directa del franquismo, son expresiones de un régimen que se revuelve frente a las cada vez mayores pulsiones democratizadoras y soberanistas.

Es por eso que es necesaria una profunda democratización que acabe con las imposiciones que como nación y clase aún padecemos, abriendo las puertas a un nuevo ciclo histórico en los que sean posibles nuevos escenarios basados en el respeto a los derechos nacionales, sociales, lingüísticos y culturales de nuestro pueblo y nuestra sociedad.

Para hacer todo ello posible, trabajaremos por avanzar en los siguientes ámbitos:

2.1. Reconocimiento de Euskal Herria como nación y plurinacionalidad

Lograr el reconocimiento efectivo del carácter plurinacional del estado, lo que deberá suponer:

  • El respeto y reconocimiento de Euskal Herria como nación, así como de las diferentes naciones que actualmente componen el estado español.
  • El reconocimiento del carácter político del conflicto entre Euskal Herria y el estado y, en consecuencia, el compromiso de lograr una solución política y democrática para el mismo.
  • El reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco como mecanismo democrático y legítimo para dicha solución, basado en la voluntad y decisión de la ciudadanía vasca libre y democráticamente expresada.
  • El compromiso de respetar los acuerdos, propuestas y normas que emanen de las instituciones vascas en cualquier ámbito, respetando la legitimidad y capacidad de decisión de nuestras instituciones, evitando las injerencias que desde las diferentes instituciones del estado se producen.
  • El respeto a los acuerdos sobre los nuevos marcos de relación con el estado/los nuevos estatus que puedan producirse mediante amplios acuerdos y cuando estos resulten refrendados por la sociedad vasca.
2.2. Autogobierno
  • Exigiremos la transferencia de todas las competencias contempladas en el Estatuto Vasco y el Amejoramiento Navarro aún pendientes tras más de 40 años.
  • Propondremos la asunción de nuevas competencias plenas e instrumentos para ampliar nuestras capacidades de autogobierno que nos permitan decidir, diseñar y desarrollar políticas propias adaptadas a las realidades y necesidades de nuestro país y nuestra sociedad:
    • Migración
    • Seguridad Social
    • Protección social y desempleo
    • Puertos y aeropuertos
    • Energía
    • Marco Vasco y Navarro de Relaciones Laborales
  • Defenderemos también, por encima de cualquier intento de re-centralización o retroceso, el autogobierno y todas las capacidades y competencias asociadas al mismo:
    • Velaremos por que ninguna norma que pueda ser propuesta por el Gobierno, el Congreso o el Senado, conlleve ningún tipo de invasión competencial, para lo que trabajaremos caso por caso para corregir y eliminar las posibles invasiones.
    • Trabajaremos para que cualquier nueva figura, ley o medida que interfiera y/o resulte complementaria a nuestras propias herramientas y/o competencias, sean transferidas y asumidas por las instituciones vascas, ensanchando así nuestras capacidades y autogobierno.
2.3. Concierto Económico Vasco y Convenio Económico Navarro

Defenderemos estas herramientas como uno de los pilares de nuestro bienestar social y autogobierno económico, fiscal y financiero. Igualmente, trabajaremos para lograr ensanchar estos instrumentos, dotándolos de nuevas capacidades y, además, acordar un nuevo modelo de negociación y cálculo para el Cupo y la Aportación, que acabe con la actual situación de desigualdad que perjudica los intereses de la sociedad vasca.

2.4. Euskera

Trabajaremos para que se respeten y aseguren los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca en todos los ámbitos, terminando con la exclusión y discriminación que las diferentes estructuras y administraciones del estado mantienen. Para ello será necesario:

  • Garantizar la atención y uso del euskera en todas las administraciones del estado, asegurando el derecho de la ciudadanía vasca a interactuar y ser atendida en nuestra lengua tanto de manera presencial como telemática o telefónica. Para ello se deberán modificar las diferentes leyes que establecen los criterios de funcionamiento, selección y acceso a la administración estatal, mediante la Proposición de Ley que, junto al resto de grupos soberanistas, presentamos y que, pese a ser tomada en consideración, decayó en la tramitación debido al final anticipado de la legislatura.
  • Promover medidas para ampliar y extender el euskera en el ámbito digital y audiovisual, para alcanzar nuevos objetivos tanto en la producción como en el consumo de contenidos audiovisuales en euskera por parte de plataformas de contenido digitales.
  • Apoyar y acompañar los esfuerzos conjuntos para que todas las lenguas propias de las diferentes naciones del Estado como el catalá, el galego, el asturiano o el aragonés cuenten con el reconocimiento y respeto que merecen.
  • Seguir trabajando para lograr la oficialidad del euskera, el catalá y el galego en la Unión Europea y sus instituciones, para que nuestra lengua conviva en igualdad de condiciones con el resto de las lenguas de europa.
2.5. Cultura y producción audiovisual

Defenderemos nuestra cultura y su creación como valor de país para que, en tiempos de expansión del consumo audiovisual, musical y creativo, las creaciones en euskera, en cualquiera de sus ámbitos, no sean discriminadas ni relegadas frente a la uniformización de contenidos , sino que nuestras producciones puedan llegar y alcanzar a toda la sociedad, sosteniendo, ayudando y promoviendo la cultura vasca. Para ello, propondremos:

  • Blindar legislativamente ayudas a las producciones en euskera y el resto de lenguas oficiales diferentes al castellano.
  • Que un mínimo del 15% del presupuesto del Fondo de Protección de la Cinematografía se destine específicamente a proyectos en lenguas oficiales distintas al castellano, asegurando la financiación y el desarrollo del cine en euskara.
  • Defensa de la producción independiente delimitando estrictamente la definición de «productor independiente», evitando que los grandes grupos de comunicación y las plataformas de streaming absorban las ayudas públicas destinadas originalmente al tejido de pequeñas y medianas productoras, mayoritarias en nuestro país.

Reservas de cuotas para la diversidad, estableciendo porcentajes mínimos de ayudas para proyectos liderados por mujeres, jóvenes o creados en lenguas oficiales distintas al castellano, además de elevar las reservas para películas dirigidas por mujeres.

2.6. Euskal Herriko selekzioak

Propondremos la modificación de la actual legislación que impide que nuestras selecciones, las selecciones vascas, puedan competir en cualquier ámbito y disciplina, en igual de condiciones que el resto de selecciones en el ámbito internacional, y con la participación de deportistas de los siete territorios que componen nuestro país, Euskal Herria.

Así mismo, trabajaremos para eliminar el régimen sancionador que se aplica a los y las deportistas que no deseen participar de las selecciones españolas, constituyendo una imposición y una amenaza inaceptables para los y las deportistas vascas.

3. Paz y convivencia

3.1. Convivencia y Memoria Democrática

El camino de la paz, la reparación y la convivencia requiere del esfuerzo y la implicación de la ciudadanía, de las instituciones y de todas las fuerzas políticas de nuestro país. EH Bildu está comprometida en continuar aportando para recorrer, de la mano de la sociedad vasca, el proceso de construcción de la convivencia.

La sociedad vasca tiene un compromiso firme con lograr una memoria inclusiva, basada en el respeto y reconocimiento de todas las víctimas, de todos los sufrimientos y vivencias, que vele por los derechos de todas ellas sin excepción.

Para recorrer este camino compartido, se necesitan grandes dosis de empatía, sensibilidad y responsabilidad para construir el presente y futuro en paz que la ciudadanía vasca anhela.

Para ello, es necesario tomar decisiones valientes, dar nuevos pasos, que nos asienten en el nuevo escenario de paz y convivencia que con tanto esfuerzo estamos construyendo de manera compartida.

Para seguir avanzando, propondremos:

  • Ampliar la Ley de Memoria Democrática para reconocer la condición de víctimas de vulneraciones de derechos humanos a colectivos que todavía no tienen tal reconocimiento, como las víctimas del franquismo, las de la tortura, las de la guerra sucia o los grupos de ultraderecha. De esta manera se garantiza que puedan acceder con garantías a su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. El objetivo de esta medida es que el Estado español también recorra el camino del reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, el cual ya está en marcha en nuestro país y en nuestras instituciones.
  • Derogar la Ley de Secretos Oficiales, en vigor desde el franquismo, para asegurar una legislación que garantice la transparencia, la accesibilidad, la información y la protección respecto a todos los oscuros episodios que aún continúan bajo un manto de impunidad y que marcaron nuestra historia, como la muerte de Mikel Zabalza y Germán Rodríguez o la masacre del 3 de Marzo de Gasteiz, sucesos que aún siguen sin esclarecer y en los que, a pesar de los avances producidos, continúa sin haber una asunción de responsabilidades ni un reconocimiento efectivo de sus víctimas.
  • Garantizar la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria a todas las personas presas y poner fin a todas las medidas de excepción en esta materia. Las decisiones penitenciarias deberán adoptarse de forma individualizada, conforme a los requisitos y garantías establecidos por la ley.
  • Retirar las condecoraciones a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado involucrados en vulneraciones de derechos humanos.
  • Impulsar en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, el repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el marco del respeto y pleno desarrollo de las competencias de ambas comunidades en materia de seguridad ciudadana y orden público y en coherencia con el carácter integral de la Ertzaintza y de la Policía Foral.
3.2. Paz

3.2.1 POR LOS PUEBLOS, CONTRA LAS INJERENCIAS.

Defenderemos la soberanía de los pueblos frente a las injerencias externas, rechazando las diferentes formas que las diferentes potencias mundiales están adoptando en el contexto de la lucha por la hegemonía mundial y económica y la influencia geopolítica.

3.2.2 POR LA PAZ, CONTRA LAS GUERRAS.

La mejor herramienta para la resolución de los conflictos son el diálogo, la diplomacia y el acuerdo. Por ello respaldaremos los procesos de paz y diálogo frente a las intervenciones y escaladas militares. Rechazaremos, por tanto, el envío de armas y la financiación para las mismas, que no harán sino recrudecer las guerras derivadas de estos conflictos. Igualmente, rechazaremos el aumento del gasto en defensa que la OTAN está exigiendo.

3.2.3 SEGURIDAD EUROPEA, SEGURIDAD INDIVISIBLE:

Europa necesita un proyecto de seguridad integral que no puede ser dependiente de los Estados Unidos y debe apostar por el diálogo y la diplomacia. En este sentido reivindicaremos una revisión de la arquitectura de paz y seguridad existente hasta la fecha: los Acuerdos de Helsinki, las convenciones de Ginebra, el Protocolo de Viena, la OSCE… y reivindicaremos de manera central el principio de la seguridad indivisible, ya que la seguridad en Europa no puede construirse en detrimento de la seguridad de otros.

3.2.4 NO A LA OTAN:

Rechazamos la OTAN y la pertenencia de Euskal Herria a la misma, adoptando y reconociendo así la decisión adoptada por la sociedad vasca expresada con su voto en el referéndum de 1986. Por ello, apostaremos por terminar con el modelo de dependencia actual hacia esta organización y EEUU.

Frente a ello, abogaremos por la construcción de un proyecto de seguridad estratégica europeo que establezca nuevos principios en base a la diplomacia, el respeto al derecho internacional, los acuerdos de y la autonomía estratégica, contraponiendo un nuevo modelo integral respetuoso con los pueblos y naciones y su derecho a la paz, frente a la visión ofensiva, injerencista y bélica de EEUU y la alianza atlántica.

3.2.5 BASES FUERA, BARDEAK HERRIARENTZAT.

Propondremos cerrar y desmantelar el campo de tiro de las Bardenas, un entorno protegido de alto valor ecológico, que es utilizado para maniobras con fuego real por el ejército español y la OTAN, lo cual ha generado numerosos accidentes y molestias constantes a la ciudadanía del entorno. Para ello, propondremos planes de reconversión y financiación suficiente que aseguren el futuro de los municipios.

Así mismo, apostaremos por impedir el uso que Estados Unidos hace de las más de 275 bases e instalaciones en Europa, incluidas Rota y Morón, que son utilizadas como centros de operaciones para las guerras que EEUU mantiene, así como la salida de los más de 100.000 soldados estadounidenses en activo en Europa.

3.2.6 DESARME NUCLEAR.

Propondremos el impulso y la adhesión al Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) frente al aumento del riesgo y la amenaza de su uso por parte de las potencias nucleares mundiales.

3.2.7 FRENTE AL GENOCIDIO Y LA OCUPACION, LIBERTAD PARA PALESTINA.

El genocidio que Palestina sufre por parte de Israel es consecuencia de décadas de ocupación, negación y vulneración de los derechos del pueblo palestino. Por eso, más allá de la denuncia, propondremos tomar todas las medidas que busquen el aislamiento económico y político de Israel, rompiendo para ello el Tratado de Amistad que la UE mantiene con Israel, así como la finalización de las relaciones económicas y comerciales con empresas o capital israelíes.

Además, propondremos endurecer el embargo de armas para un embargo real y efectivo, bloqueando por completo la venta de armas. Tambien será necesario que el reconocimiento del Estado Palestino, mas alla del reconocimeinto diplomatico, se dote de politicas especificas y efectividad material.

3.2.8 EN DEFENSA DEL PUEBLO SAHARAUI Y SU DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.

Propondremos, de nuevo, revertir el cambio de posicionamiento del Gobierno español con respecto al Sahara, recuperando el reconocimiento, apoyo y respeto al derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui así como el rechazo a la política de ocupación de Marruecos. Así mismo, impulsaremos iniciativas legislativas que amplíen y reconozcan los derechos de las y los saharauis.

3.2.9 ACABAR CON EL BLOQUEO CONTRA CUBA Y SU PUEBLO.

Presentaremos iniciativas para exigir el fin del bloqueo energético, económico, comercial y financiero que EEUU impone a Cuba, como inicio del fin de las sanciones y el castigo aplicado durante décadas al pueblo cubano. Asimismo, volveremos a impulsar el intergrupo por Cuba constituido en el Congreso, manteniendo la solidaridad y el apoyo.

3.2.10 POR EL MULTILATERALISMO Y EL DERECHO INTERNACIONAL.

Mantendremos la posición en defensa del Derecho Internacional y el multilateralismo.